En junio de 2011 se reformó el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer, que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta constitución establece, así como prohibir toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opciones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Así mismo, señala que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.
En el ámbito
internacional, el Estado Mexicano se ha adherido a diversos
instrumentos internacional que protegen los Derechos Humanos y en
especial los de las mujeres, así como aquellos que buscan eliminar
toda forma de discriminación contra la mujer, como es la Convención
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la
Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) y la Plataforma de Acción de
Beijing en 1995.
Es precisamente en
esta última que en el Capítulo J, "Mujeres y Medios de Difusión",
se establece la necesidad de llamar a los gobiernos y sectores
involucrados a fomentar una política activa y visible de incorporación
de la perspectiva de género en las políticas y programas de
comunicación.
A raíz de esto, cada
cinco años se ha venido realizando un observatorio mundial sobre la
representación de las mujeres en los medios de comunicación. En el más
reciente que data de 2010 se concluye que para lograr la paridad de
la presencia de las mujeres como protagonistas de las noticia
tardará por lo menos 40 años, siempre y cuando cada quinquenio se
logre el incremento de 6 puntos porcentuales.
En
el caso de nuestro país esta tendencia podría tardar un poco más,
ya que nuestra presencia en relación a la tendencia mundial es
menor, lo cual nos implicará esperar por lo menos 50 años para
lograr esa paridad.
Hoy nuestro
país tiene la enorme oportunidad de lograr una legislación en
materia de telecomunicaciones y radiodifusión que se deberá
construir a partir de las recientes reformas constitucionales en la
materia, y que vaya en un sentido democrático. Dicha legislación
debe fundamentarse en el derecho de la ciudadanía a disponer de un
sistema audiovisual que refleje su realidad y que promueva sus
derechos, por lo debe garantizar y proteger el derecho de las
personas a estar bien informadas, a ejercer su derecho de réplica, a
ser interpeladas con respeto y a garantizar su derecho a la
libertad de expresión, de información y, desde luego, de comunicación.
Nos parece fundamental reconocer que hasta el día de hoy las mexicanas se han visto limitadas para acceder a los medios de comunicación y con ello han visto coartada su libertad de expresión, asimismo, al no encontrar información basta y profunda sobre su condición social, se ve menoscabado su derecho a la información, como un principio fundamental en la construcción de ciudadanía. Algunas evidencias de esta condición:
Nos parece fundamental reconocer que hasta el día de hoy las mexicanas se han visto limitadas para acceder a los medios de comunicación y con ello han visto coartada su libertad de expresión, asimismo, al no encontrar información basta y profunda sobre su condición social, se ve menoscabado su derecho a la información, como un principio fundamental en la construcción de ciudadanía. Algunas evidencias de esta condición:
• En nuestro país, la representación de mujeres en los puestos de dirección, gerencia, subdirección y jefatura en las industrias televisiva y radiofónica, no supera el 15 por ciento.(INMUJERES, 2005).
• Las mujeres sólo tienen el 7% de las concesiones de Radio y Televisión para su operación en nuestro país (CIRT, 2010). María Aramburuzabala es tal vez la mujer que más ha figurado en la propiedad de la industria de la comunicación, como una de las accionistas de Televisa.
• En las noticias, las mujeres son protagonistas en poco más del 16% y su mayor presencia se produce en temas de orden doméstico, (CIMAC, 2010).
• El lenguaje del periodismo escrito y audiovisual sigue siendo excluyente y discriminatorio. (CIMAC, Observatorio Equidad Medios)
• Las telenovelas de mayor raiting insisten en reproducir la violencia contra las mujeres: en una muestra de 10 capítulos se llegan a transmitir hasta 410 escenas, (Observatorio Equidad Medios, 2011)
• La publicidad convierte la discriminación de las mujeres en un producto de venta: 78% de los comerciales en muestra de análisis utilizan la imagen femenina para fomentar la compra de productos, (Observatorio Equidad Medios, 2011)
• La difusión oficial también discrimina a las mujeres: en 20 spots transmitidos durante septiembre el protagonista fue un hombre y sólo la voz masculina es la autorizada para dar el mensaje institucional, (ObservatorioComSoc, 2013), entre otros.
Estos
y otros hallazgos, hablan de la urgente necesidad de asegurar una
legislación de telecomunicaciones que disminuya las brechas de
desigualdad entre hombres y mujeres y asegure la construcción de una
cultura democrática e incluyente.
Nosotras reconocemos que los Medios de Comunicación tienen un peso en la socialización de la discriminación de género pero también sabemos que son grandes aliados para la formación de nuevos paradigmas hacia la igualdad por lo que apelamos a que su operación se lleve a cabo garantizando su responsabilidad social, desde la perspectiva de género.
Esta garantía ya se ha establecido en las leyes de otros países como Argentina y España que han sido vanguardia en la legislación sobre el tema.
Por ejemplo, el país vecino en el continente aprobó la Ley de SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL, Ley 26.522 que regula los Servicios de Comunicación Audiovisual en todo el ámbito territorial de la República Argentina, la cual fue promulgada el 10 de octubre de 2009.
En esta misma ley se promueve
la protección y salvaguarda de la igualdad entre mujeres y hombres,
al tratamiento plural, igualitario y no estereotipado, evitando
toda discriminación por género u orientación sexual.
En
nuestra propia legislación vigente se han establecido ordenamientos
para vigilar y prohibir los actos discriminatorios contra las
mujeres como la Ley General para el Acceso de las Mujeres a Una Vida
Libre de Violencia (art. 38 41 y 42) y la Ley para la Igualdad
entre Hombres y Mujeres ( 41 y 42), cuyas directrices responden a
los lineamientos de la CEDAW, Belén Do Pará y la Convención de
Beijing.
Lamentablemente, para su
operación estos instrumentos no están armonizados con los
reglamentos respectivos ni en la actual Ley Federal de Radio y
Televisión que, hace poco, incorporó la iniciativa para prohibir
prácticas discriminatorias en los mensajes mediáticos.
Hemos
sabido que las Comisiones de Igualdad de Género, tanto en la Cámara
de Diputado como en el Senado de la República, han presentado
iniciativas para trasnversalizar la perspectiva de género en la
reforma de Telecomunicaciones y la Ley Federal de Protección al
Consumidor (en materia de publicidad sexista), sin embargo, no se ha
encontrado voluntad política para legislarlas y ponerlas en
operación.
Ante este panorama,
organizaciones del movimiento amplio de mujeres y feminista, mujeres
de la academia, artistas, políticas, activistas, ciudadanas y
simpatizantes en general nos pronunciamos porque:
1.-En la legislación secundaria en materia de Radiodifusión y Telecomunicaciones, mandatada por la reforma constitucional en la materia se Garantice el derecho humano de todas las mujeres y las niñas a la comunicación, la información y la libertad de expresión.
2.- Para ello, solicitamos que se retome y apruebe la iniciativa ciudadana para la ley convergente de Telecomunicaciones presentada por la Asociación Mexicana por el Derechos a la Información, AMEDI, que garantiza la igualdad de Género en sus art. 6, 7,17,243,360
3.- Además solicitamos que se establezcan condiciones operativas para que las mujeres mexicanas ejerzamos nuestros derechos humanos a la información, la libertad de expresión y de acceso al desarrollo económico con nuestra participación en la industria de los medios de comunicación.
Comité Promotor
Lurdes Barbosa, Observatorio Ciudadano por la equidad de Género en los Medios
Lucía Lagunes Huerta, Comunicación e Información de la Mujer AC, CIMAC
Marta Tagle
Cristina Renaud.
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